becario en moncloa

Esta semana se presentaban, como viene ya siendo habitual por estas fechas, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional. Elaborado a partir de la agregación de diferentes encuestas de otros organismos internacionales, este índice clasifica a un amplio número de países (en esta ocasión, hasta 180) en función de la corrupción que perciben sus habitantes, en una escala del 0 (máxima corrupción) al 10 (máxima transparencia).

Y, como suele ocurrir cuando los medios de comunicación se hacen eco de este tipo de estudios (no únicamente en nuestro país), la interpretación que de él se ha hecho se distancia mucho de las conclusiones reales que podemos extraer de esta nueva serie de datos. Con contadas excepciones, la mayoría de ellos destacaban, bajo titulares como “la corrupción aumenta en España“, la bajada de nuestro país tres posiciones en el “ranking de países menos corruptos” (del 25 al 28), debido a un descenso de 2 décimas en el IPC (de 6,7 a 6,5).

Sin embargo, lo cierto es que hemos de tomar estos datos con muchísima cautela. Como discutíamos en los comentarios de esta entrada, en la que utilizaba el IPC para comentar la relación entre desarrollo económico y corrupción, este tipo de datos está basado no en medidas objetivas de la corrupción (si es que existen), sino en las percepciones de una serie de personas, bien informadas sobre la situación de la corrupción en cada uno de sus países (al menos, en teoría), a las que se entrevista en varias encuestas, con diferentes metodologías. Y, por mucho que se agreguen y estandaricen muchas encuestas, el IPC no deja de medir únicamente percepciones subjetivas, con las dudas que ello conlleva, desde la misma definición de corrupción (sobre la que no existe apenas consenso en la literatura sobre esta cuestión) hasta su “vara de medir” (lo que en un país puede considerarse un grave abuso de la autoridad, en otro puede ser algo habitual, que pasa desapercibido).

Pero la necesidad de tomar estas precauciones no impide que estos datos nos puedan ser de utilidad. Aunque pueda resultar un poco arriesgado sostener que en este último año ha aumentado la percepción de corrupción en España (al fin y al cabo, el dato de 2007 se encuentra dentro del intervalo de confianza del dato de 2008; es decir, que las diferencias no son apenas significativas), sí podemos afirmar que este último dato confirma una leve tendencia descendente en el nivel de transparencia percibido en nuestras instituciones públicas, en línea con lo que está ocurriendo en otros países cercanos, como Francia, Reino Unido, Portugal e incluso Finlandia. En únicamente cuatro años hemos bajado desde el 7,1 de 2004 al 6,5 de 2008. Y la causa de este descenso muy probablemente se debe a la proliferación de escándalos de corrupción urbanística en muchos de nuestros ayuntamientos (más seguramente a su dimensión mediática que a un posible aumento del nivel “real” de corrupción).

Índice de Percepción de la Corrupción (1993-2008)

Fuente: Transparency International

Pese a todos los inconvenientes que comentaba, lo cierto es que estos datos, al abarcar tan amplio número de países, pueden servirnos de base para responder a preguntas bastante interesantes. Si hace unas semanas discutíamos la asociación entre corrupción y crecimiento económico, hoy me gustaría hacer una breve referencia a la relación entre corrupción y nivel de democraticidad. Una reflexión bastante frecuente, quizás no tanto en España pero sí en aquellos países con un apoyo menor a la democracia, es que la corrupción no entiende de regímenes políticos, y que por tanto se extiende por igual tanto en democracias como en dictaduras. La intuición nos indica que esto no debe ser así en la realidad: con ciertos matices, las democracias por definición suministran a los ciudadanos un instrumento clave para seleccionar políticos virtuosos y castigar a aquellos que no lo son; un instrumento que no es otro que el voto libre, secreto y periódico. La pregunta es: ¿sustentan los datos esta afirmación? ¿En los países más democráticos hay menos corrupción?

Índice de Percepción de la Corrupción 2008 recodificado (Y) según “Índice de Democraticidad recodificado” a partir de los datos de Polity IV 2007 (X)

Fuente: Transparency International y Polity IV Project

En el gráfico sobre estas líneas comparamos los datos del IPC de 2008 (recodificados de tal manera que la máxima corrupción corresponde al valor 10) con los del Polity IV Project de 2007, que mide, entre otras variables, el grado de “democraticidad” de cada país (para más información sobre su metodología, clic aquí; en la gráfica he recodificado los valores a una escala de 0 a 10, de menor a mayor “democraticidad”). Como se aprecia, aunque estadísticamente existe una correlación significativa entre ambas variables (a mayor “democraticidad”, menor corrupción), la asociación no es particularmente fuerte ni totalmente lineal, de lo cual podemos deducir que seguramente existen terceras variables, también relevantes, que escapan al análisis del gráfico (¿quizás determinadas configuraciones institucionales en democracia son más eficaces que otras en la lucha contra la corrupción? ¿el nivel de desarrollo económico puede afectar también a esta relación?), o que simplemente alguno de estos dos índices no responden en realidad a lo que estamos pretendiendo medir (esto quizás nos da una pista).

En fin, el propósito de esta entrada tampoco es ahondar en el análisis de la relación entre estas dos variables, sino únicamente poner de manifiesto que, pese a la limitada fiabilidad de los datos de Transparencia Internacional, que habitualmente son utilizados de manera errónea, en algunos casos pueden sernos útiles para reflexionar sobre cuestiones tan interesantes como éstas. Seguramente este breve artículo no será el último en que me sirva de estos datos; volveremos sobre este tema más adelante.

Me ha parecido sumamente interesante el debate generado a raíz de este reto que Citoyen lanzaba en su blog, y cuyas primeras respuestas podemos leer en El Altavoz Magenta, La Revolución Naturalista, El Libro de la Almohada, el blog de Albert Esplugues o el de Geógrafo Subjetivo. Aunque un par de días más tarde, y desde mi ignorancia en estas cuestiones, me gustaría unirme también al debate dando mi opinión.

Para responder a esta pregunta, primero tendríamos que formular una teoría general sobre por qué los golpes de estado triunfan, por qué éstos se consolidan en forma de dictadura militar, y por qué en algunos casos estos regímenes acaban colapsándose. Parto de la base que son muchos los factores que influyen en estos tres fenómenos, factores que se refuerzan o desactivan entre sí, de manera que es evidente que no podemos hablar de una teoría que pueda explicar a la perfección todos los casos. Sin embargo, entendiendo esta cuestión desde el punto de vista del ejército, y bajo una perspectiva racionalista, creo que hay dos conceptos que son clave: la orientación y fuerza de la opinión pública, por un lado, y la “dependencia de la senda” (”path dependence“), por otro.

Cuando el ejército afronta la posibilidad de llevar a cabo un golpe de estado, si asumimos que es un actor racional (a efectos de este razonamiento, pongamos que sí), podemos considerar que valora tanto los beneficios como los costes de sus acciones. Los beneficios son, con pequeños matices, muy similares en todos los países y relativamente estables en el tiempo: podemos incluir dentro de esta categoría la obtención del monopolio del poder político y económico, el incremento de su bienestar material (aunque seguramente repartido de forma desigual entre los altos cargos y los soldados rasos), la posibilidad de reorganizar la sociedad de acuerdo a sus propios principios o incluso el beneficio intangible derivado de la satisfacción de hacer lo que uno cree que debe hacer (en el caso de los soldados, acatar las órdenes de sus superiores; en el caso de los altos cargos, “salvar el país” de lo que consideren una amenaza).

Es el lado de los costes lo que varía de manera más sustancial en función de las circunstancias. De nuevo, muchas son las variables que podríamos considerar: los propios costes materiales más directos, tanto en armas como en capital humano, la posibilidad de respuesta de países aliados democráticos, los costes “ideológicos”; en resumen, la probabilidad de fracaso y sus costes asociados. Pese a ello, desde mi punto de vista, considero que son dos los factores que influyen de manera decisiva en estos costes.

En primer lugar, la fuerza de la opinión pública y la intensidad de sus preferencias en relación a los diferentes tipos de regímenes (i.e. si opinan que, en algunas circunstancias, un régimen no democrático es preferible a otro democrático) moldean la posibilidad de que un golpe de estado militar pueda ser sofocado [o, en el caso de regímenes ya consolidados, que colapsen], con el consiguiente castigo, individual o colectivo, para el Ejército. No olvidemos que, por encima de cualquier otro objetivo (salvar la patria, defender unos determinados valores, etc.), la finalidad última de cualquier ejército es la misma de toda organización: garantizar su supervivencia y autonomía.

En segundo lugar, la existencia (o ausencia) de unas instituciones democráticas con fundamentos sólidos, y con unas dinámicas internas de “auto-refuerzo”, tiene un importante impacto en las posibilidades de éxito de un régimen militar: resulta impensable imaginar, por ejemplo, que el partido nazi hubiera aglutinado tanto poder si el impulso democratizador de la Constitución de Weimar hubieran cristalizado en un sistema políticamente estable. Hemos de tener claro que dentro de estas “instituciones democráticas” debemos incluir tanto las instituciones más “formales” (básicamente, las leyes y los órganos constitucionales) como aquellas más “informales” (cultura política democrática, el pactismo entre fuerzas políticas, la existencia de grupos anti-sistema con ideologías extremas…).

Partiendo de estos argumentos, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, la instauración, consolidación y colapso de la dictadura franquista? Aparte de por otros muchos factores, de tipo económico, militar, político, etc. (cuya importancia no niego en ningún momento), el éxito del bando nacional se basó, por un lado, en una despolitización de la opinión pública, que pasó a vivir de espaldas al régimen, resignándose en muchos casos a aceptarlo como “un mal menor” para evitar una nueva guerra civil; y, por otro, en la habilidad de la jerarquía franquista para dividir el poder entre las tres “familias” del régimen (iglesia, ejército y partido falangista), hasta alcanzar un equilibrio institucional que, como consecuencia de la “path dependence”, consiguió perpetuarse durante casi 40 años. De forma similar, su colapso se explicaría por la creciente oposición interna y el despertar de la opinión pública, y por el desgaste de este delicado equilibrio entre familias, que desembocarían en la concesión, por parte de la jerarquía franquista, y tras la muerte del general, de la necesidad de liberalizar el régimen (porque los costes de mantener la dictadura, sencillamente, se habían disparado).

En resumen, y respondiendo sintéticamente a la pregunta inicial: ¿por qué no somos una dictadura militar? En mi opinión, simplemente porque los costes que le supondrían al ejército la ejecución de un golpe de estado (la probabilidad de fracaso multiplicada por los costes asociados a este fracaso), que dependen de la intensidad y orientación de las preferencias de la opinión pública, y de la rigidez del equilibrio institucional (path dependence), son muy superiores a los beneficios que la instauración de una dictadura militar les otorgaría.

Antes de volver a comentar temas de mayor actualidad política, me gustaría retomar brevemente una cuestión que dejé abierta hace un par de meses:

[H]asta el momento no se ha demostrado con datos de encuesta que el “voto del miedo” al PP fuera el elemento determinante para que el PSOE consiguiera ampliar su base electoral “hacia la izquierda” y hacia posiciones menos centralistas. A pesar de que, efectivamente, parece ser que los que cambiaron su voto eran los que veían a los populares como una formación más radical, no podemos olvidar eso de que “correlación no implica causalidad”. ¿Fue esta “actitud” lo que llevó al “comportamiento”? ¿O fue un tercer factor lo que generó la “actitud” y el “comportamiento”? Hemos de tener también presente tres factores más: en primer lugar, en 2004 el PP era prácticamente igual de “radical” o “poco radical” (a gusto del consumidor) que en 2008 (de hecho, uno de los motivos que muchos adujeron para no votarles es que “eran los mismos”); en segundo lugar, ¿los fallos estratégicos de IU, ERC o PNV no tuvieron ninguna relevancia a la hora de explicar su pérdida de votos?; y, en tercer lugar, ¿no es posible que el discurso de Zapatero, más abierto al diálogo sobre temas territoriales, fuera lo que posibilitara también un “voto de premio” al PSOE?

Me interesa especialmente este tema porque tengo la sensación de que es bastante unánime la opinión de que fue este “miedo a un gobierno del PP” lo que motivó que un significativo porcentaje de antiguos votantes de IU, ERC, CiU, PNV o BNG optaran por votar por su segunda preferencia, PSOE, como un “mal menor” o “voto útil”. Y la cuestión es que, hasta el momento, ninguno de los artículos que he leído en estos últimos meses, en los que se trataba este tema, ya sea de forma directa o transversal, y tanto en un sentido como en otro (por ejemplo, éste, éste o éste), me acaban de convencer por completo. De igual manera, tampoco he visto ningún dato medianamente definitivo que sostenga que ésta fue la principal razón de estas transferencias de votos, por encima de otros motivos como los que comentaba anteriormente (el “castigo” a sus respectivos partidos o el “premio” al “buen gobierno” de Zapatero). De hecho, los resultados de la encuesta post-electoral del CIS sugieren precisamente lo contrario.

Vamos a verlo a más detalladamente. Me centraré únicamente en el caso de IU/ICV, porque en el resto de partidos la muestra es demasiado reducida como para otorgarle un mínimo de fiabilidad. En las siguientes tablas se recogen las distribuciones marginales de diferentes preguntas, para los dos grupos de votantes (los que votaron a IU en 2004 y en 2008; y los que votaron a IU en 2004 y al PSOE en 2008, es decir, los que recurrieron al “voto útil”).

Valoración de los líderes del 0 (muy mala) al 10 (muy buena); de las campañas del 1 (muy buena) al 5 (muy mala)

Ubicación ideológica del 1 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha); opinión sobre el diálogo con ETA del 0 (”La única manera de acabar con ETA es derrotarla policialmente”) al 10 (”Para terminar con ETA también hace falta diálogo”); opinión sobre la situación económica y política de España del 1 (muy buena) al 5 (muy mala). Fuente de todos los datos: encuesta post-electoral CIS 2008. En negrita, los porcentajes significativamente diferentes al 5%.

Una primera lectura de los datos genera conclusiones que creo que pueden ser bastante interesantes. Me quedo con tres de ellas. La primera de ellas es que la hipótesis del miedo pierde bastante fuerza: de ser cierta, deberíamos esperar que los electores que optaron por votar al PSOE para evitar una victoria del PP tuvieran un mayor temor a una victoria del PP. Los datos muestran lo contrario: cuando se pregunta directamente sobre esta cuestión a los entrevistados, no hay diferencias significativas entre los que optaron por el “voto útil” y los que no.

De igual manera, la capacidad explicativa de la hipótesis del castigo a IU parece perder relevancia: no hay apenas diferencia en la valoración de la campaña de IU entre votantes “fieles” y votantes “útiles”, cuando en caso de tener importancia deberíamos esperar que los primeros tuvieran una mejor opinión de su líder y de su actuación durante las semanas previas a las elecciones.

Por el contrario, de acuerdo a estos datos, la verdadera razón de esta transferencia de votos entre IU y PSOE parece ser una buena valoración de su líder, su campaña y su actuación durante la legislatura: la principal diferencia entre ambos grupos de votantes es la excelente nota que otorgan a Zapatero, un 7,11 (muy cercana al 7,54 con que valora de media al presidente el conjunto de sus votantes), más de 1,2 puntos por encima de la nota de los votantes “fieles” a IU. Esta impresión se refuerza con los datos sobre la opinión de los entrevistados sobre la situación económica y política española, que podemos relacionar con la gestión del PSOE en el gobierno: en ambos casos es significativamente superior en el caso de los votantes que modificaron la orientación de su voto de 2004 a 2008.

¿Quiere esto decir que fue el “premio” al PSOE el único motivo detrás de esta transferencia de votos? No. Al menos, no podemos inferir de estos datos que así fuera. Lo más seguro es que estos antiguos votantes de IU, a la hora de tomar su decisión, ponderaran estas tres razones, entre muchas otras. Pero lo que creo que parece bastante evidente es que no podemos simplificarlo todo a esa idea, no sé si intencionada políticamente, de que la victoria del PSOE se debió a su éxito en la difusión del “discurso del miedo al PP” entre votantes de estas formaciones minoritarias. En fin, la conclusión a la que quiero llegar es que es importante reflexionar incluso sobre aquello que puede parecernos evidente y trivial, como es en este caso la idea del “voto del miedo”, puesto que tengo la impresión de que en ciencia política existen pocos argumentos que podamos aceptar de forma categórica.

PD. Si intentamos modelar a partir de estos datos una pequeña regresión logística, la conclusión es muy similar a la que se observa en el análisis bivariado: la variable más significativa estadísticamente es la valoración de Zapatero.

Cuando empecé a escribir este blog, hace ahora ya un tiempo, tres fueron, por así decirlo, las metas u objetivos que pretendía alcanzar. El primero, y más importante en mi caso, era utilizarlo como herramienta de aprendizaje, de tal forma que mi opinión sobre temas que me parecieran importantes se viera confrontada no únicamente con mi propio juicio crítico sino también con el de todos los que la leyeran o comentaran. En segundo lugar, mi intención era también participar del debate académico en ciencia política, intentando desplazar el foco de atención desde temas únicamente relevantes desde un punto de vista teórico hacia cuestiones actuales e importantes desde un punto de vista político o práctico, utilizando para ello un lenguaje lo más accesible posible. Y la tercera de mis metas era que esta producción de ideas tuviera un impacto más allá de la esfera “virtual”; que la voz de este blog se uniera a la de muchos otros que, de forma similar, intentan romper el monopolio de los medios de comunicación “tradicionales” en decisiones tales sobre qué temas son relevantes o no, cuál debe ser su tratamiento informativo o qué lenguaje y marcos discursivos debemos utilizar para referirnos a ellas. En resumen, me movía en parte esta idea utópica de que todos debemos aportar nuestro granito de arena para que, día a día, la sociedad se componga de ciudadanos cada vez más y mejor (in)formados políticamente.

Y si bien he colmado las expectativas que tenía sobre mis dos primeros propósitos, lo cierto es que no acabo de estar satisfecho en lo que respecta al tercero. En los últimos meses he leído en numerosas ocasiones elogios a muchos de nuestros representantes políticos por escribir un blog o por participar en redes sociales; he escuchado muy buenas palabras sobre todos aquellos políticos que han invitado a bloggers de diferente color ideológico a sus congresos; he comprobado con agrado como algunas propuestas que habían nacido en la “conversación” entre los diferentes blogs han trascendido al mundo “no virtual”. Reconozco que todos estos pasos son indudablemente positivos. La cuestión es: ¿realmente han servido para algo? ¿Han tenido un impacto real en los ciudadanos? En el terreno político, ¿están cambiando algo los blogs en nuestro país?

Es aquí donde me gustaría compartir un par de datos sobre la influencia que puede tener el debate político y académico en internet sobre tanto actitudes como comportamiento de los ciudadanos. Para empezar, en España, según la encuesta europea sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación, únicamente el 45% de los hogares tiene acceso a internet, un dato muy inferior a la media de la Europa de los 15 (59%) e incluso de los 27 (54%). Si nos ceñimos a los ciudadanos que lo utilizan de forma regular, este porcentaje cae hasta el 27%, según el Barómetro del CIS de marzo de 2008. Son cifras realmente bajas, muy indicativas de lo fuerte que es aún hoy en día la brecha digital en nuestro país y de lo inútil que pueden ser los esfuerzos por formar estos “ciudadanos analógicos”, que en su mayor parte pertenecerán a estratos sociales medios y bajos.

Estos datos se refieren a un uso de internet para cualquier propósito; ¿qué ocurre si nos ceñimos únicamente a su utilización como fuente de información política? En la última campaña electoral, por ejemplo, únicamente un 9,9% de los votantes recurrieron a la red para seguir la actualidad política. De este casi 10%, tan solo el 22,2% consultó blogs o foros de debate. Dicho de otra forma, de toda la población española, exclusivamente un 2,1% recurrió a este tipo de fuentes de información durante la campaña. Este pequeño conjunto de ciudadanos, lejos de ser representativo de la población total, tiene un perfil muy concreto: muy interesado por la política, con un alto nivel de estudios y de renta, con un nivel elevado de confianza en sus representantes… Es decir, tal y como muestran los datos, y si tomamos como indicador de “impacto” de blogs y foros de debate el nivel de participación electoral en este sector de individuos, vemos que efectivamente el abstencionismo es menor entre estos ciudadanos, pero parece que no como consecuencia de su contacto con blogs, sino más bien por sus características socioeconómicas.

Fuente: Encuesta Post-Electoral CIS, 2008.

La conclusión a la que quiero llegar es que es cierto que internet en general (y los blogs en concreto) es una herramienta que puede ayudar muchísimo en la tarea de acercar las demandas de los ciudadanos a la clase política, y a que muchas decisiones de nuestros representantes sean más fácilmente entendidas por todos nosotros; pero es aún más cierto que sin una ciudadanía que quiera (¡o pueda!) escuchar, es muy difícil que este intercambio pueda tener lugar. Hemos de ser exigentes con nuestros políticos, sin duda, pero lo debemos ser aún más con nosotros mismos, como “bloggers” y como ciudadanos. Hemos de intentar rechazar convertirnos en un mero repetidor de la propaganda que en muchas ocasiones se lanza a través de los medios de comunicación tradicionales, para buscar nuestra propia voz, basada en el rigor y la libertad de expresión. Y, sin bajar el tono intelectual de la discusión, hemos de resultar más atractivos para el lector, teniendo presente la función social que, como (in)formadores, también deberíamos tener.

Con esta pseudo-declaración de intenciones, que tenía pendiente desde hace varios meses, se abre de nuevo este blog. Re-bienvenidos.