becario en moncloa

Actitudes políticas como la desafección, el descontento o la insatisfacción son cada vez más frecuentes en la mayoría de los países occidentales: los ciudadanos cada vez nos identificamos menos con nuestros políticos, sentimos que no nos escuchan, que no nos representan, que no resuelven nuestros problemas. Uno de los más claros síntomas es el grado de abstencionismo. Pese a que en el caso español no está claro del todo que se haya producido en los últimos años un descenso de la participación electoral (más bien parece que el electorado sigue un patrón de movilización en función de la coyuntura política), a nivel agregado los datos no engañan: según Peter Mair, en los años 90 se concentraron el 75% de las elecciones con menor participación de la historia.

¿Cuáles son las razones que llevan a los ciudadanos a no implicarse en la política? Las declaraciones del pasado fin de semana de Gabriel Elorriaga (PP) dejaban en evidencia que este tipo de actitudes han sido claramente fomentadas por algunos partidos políticos, pero también debemos buscar las causas en factores institucionales, culturales, históricos (en España, sin duda, la influencia desmovilizadora del franquismo aún se nota), etc. Sin embargo, el objetivo de este artículo no es buscar las causas de la desconfianza ciudadana hacia la política, sino más bien indagar qué hay de cierto en determinados tópicos populares, que se han impuesto en la opinión pública, y sirven como excusa para no ir a votar.

La política no me afecta

Aunque no nos demos cuenta, la política lo impregna todo. Vivimos en un Estado de Derecho, en el que todo lo que podemos hacer y no hacer está delimitado por unas leyes, redactadas por nuestros representantes. Vivimos en un Estado Social, en el que el Estado presta la mayoría de servicios que utilizamos habitualmente: sanidad, educación, seguridad, pensiones… Vivimos en un Estado Democrático, en el que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, para que sean éstos los que diseñen e implementen las políticas públicas. Dado que la anarquía es una utopía, es inevitable contar con un Estado dirigido por políticos para poder asegurar la convivencia en paz y la prestación de unos servicios mínimos.

Por tanto, la política influye en mil y una cosas de nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sin que podamos escapar de su influencia. Participar en la política, ya sea mediante la implicación en un partido o mediante las urnas, es decidir sobre cómo queremos que sea nuestra vida. Votar es importante, sea al partido que sea. Y todos aquellos que no se sienten representados siempre tienen la oportunidad de crear su propio partido, u optar por otros métodos de participación, como las manifestaciones, el asociacionismo, el consumo electoral, la huelga, etc. No hay excusa, ni por los medios, ni por la finalidad: como ciudadanos, tenemos el deber moral de participar.

Todos los políticos son iguales

Es cierto que las diferencias entre izquierda y derecha se han ido difuminando en las últimas décadas: después de la caída del socialismo real, los principios sobre los que se sustentan las democracias liberales, y sus sistemas económicos mixtos, se han acabado imponiendo, casi como dogmas de fe. En este contexto, las políticas de izquierda y derecha tienden a converger en ideas interclasistas, aunque es indudable que las diferencias se mantienen. ‘No es lo mismo’, afirma uno de los lemas electorales del PSOE. Y es cierto: no hace falta más que comparar los ocho años de gobierno del Partido Popular con estos cuatro años de gobierno de los socialistas para apreciar claramente las enormes diferencias.

Pero, tratando de escapar de las críticas de parcialidad que seguramente se harán a este razonamiento, la verdad es que las diferencias entre las políticas de izquierda y derecha se pueden medir de forma empírica. Éste es precisamente el objetivo de iniciativas como el “Party Manifest Project” (dirigido por Ian Budge), que ha evaluado los programas electorales de 25 países diferentes durante las tres últimas décadas, aplicando un índice de categorías de izquierda y derecha. Como principales conclusiones, destacan el hecho de que, efectivamente, las diferencias entre partidos de izquierda y partidos de derecha se mantienen (pese a una cierta convergencia), y la fuerte correlación que existe entre los programas electorales y la estructura del gasto público que decide el partido que gana las elecciones (en otras palabras, que los programas electorales tienden a cumplirse).

Todos los políticos son unos corruptos

Para empezar, no todos los políticos son corruptos: de hecho, la mayoría no lo son. Como pasa en todo, el problema es que una minoría de corruptos ha conseguido desprestigiar la clase política en general. Pese al repunte de los casos de corrupción en estos últimos años, especialmente en temas urbanísticos, lo cierto es los grandes escándalos políticos (como aquellos de principios de los 90) se suceden cada vez con menos frecuencia. Palabras como ‘prevaricación’, ‘malversación de fondos’, ‘tráfico de influencias’, etc., cada vez copan menos páginas en los periódicos, en parte gracias al autocontrol que los políticos han ido implementando: muchos están ahora obligados a declarar su patrimonio antes y después de ocupar un cargo público, el transfuguismo se ha declarado casi unánimemente como reprochable, y los partidos suelen expulsar a aquellos políticos acusados de algún delito.

Lo que resulta más curioso de todo es que, pese a que muchos ciudadanos consideran a los políticos corruptos, especialmente a nivel municipal, siguen votándoles una y otra vez. En vez de castigarles electoralmente, como ocurrió con el PSOE a principios de los 90, les mantienen en el poder. Quizás debamos buscar la causa en las redes clientelares que se establecen en muchos pueblos. Quizás deberíamos buscarla también en los apoyos económicos y mediáticos que reciben muchos de los encausados por la corrupción. Y es que algo está claro: no hay político corrupto sin un empresario detrás que le ofrezca un ‘maletín’.

Es más, como plantea el brillante politólogo Mariano Torcal, cuando señalamos con nuestro dedo acusador a los políticos, olvidamos que el resto de la sociedad también es corrupta: ¿quién no conoce a alguien que estafe, aunque sea una pequeña cantidad, a Hacienda? ¿quién no ha escuchado alguna vez historia sobre manipulaciones intencionadas en los recuentos electorales, aunque no afecten al resultado final? ¿quién no ha tenido noticias de alguien que haya cometido un delito? Si los políticos son representativos de la sociedad, no debería sorprendernos tanto que se den casos así. Esto no justifica en ningún caso un comportamiento delictivo, por supuesto, pero sí debería inducirnos a una reflexión sobre la corrupción en general, no únicamente de los políticos.

Los políticos gozan de privilegios: elevados sueldos, inmunidad jurídica…

Los salarios de los diputados del Congreso son públicos, y se pueden consultar, lo cual nos permite establecer comparaciones con el sueldo de sus homólogos europeos (por ejemplo, los británicos). Así, comprobaremos que el sueldo de un diputado español es bastante inferior a la media europea, y al salario que podrían obtener si trabajasen en una empresa privada. Pese a que estoy seguro de que mi opinión no será muy popular, creo que el salario de nuestros representantes debería ser más elevado, porque así se reducirían los incentivos que llevan a los mejores intelectuales a acabar en empresas privadas, donde cobran más, y también porque así existirían menos incentivos a compensar la falta de poder adquisitivo con ’subvenciones’ provenientes de manos no muy limpias.

Por otra parte, la inmunidad jurídica no implica impunidad: los diputados deben actuar como tales con la máxima libertad de expresión, sin miedo a que de sus palabras o actos en sede parlamentaria puedan derivarse responsabilidades jurídicas. Sin embargo, esto no les exime de poder comparecer ante la justicia si cometen un delito y, además, les puede ser retirada la inmunidad si así lo consideran las Cortes. Por tanto, no se trata un de privilegio sin límites para el político: el mayor grado de libertad se justifica únicamente cuando actúa buscando el interés público.

En conclusión…

Votar es más que importante, es imprescindible. La participación es el elemento estructurador de un sistema democrático, sin el cual pierde todo sentido. No valen excusas faltas de razón como las que acabo de mencionar: los políticos no son una clase social superior, separada de la sociedad, en búsqueda de su beneficio privado, sino que son también ciudadanos, como nosotros, que deciden dedicar parte de su vida a defender el interés público. El próximo domingo todos estamos llamados a votar. Y debemos hacerlo. No importan las siglas, lo que importa es participar. Porque es la participación lo que nos hace ciudadanos.