Y quien se quiera ir, que se vaya

Acción y reacción. Poco más de un mes después de que Rajoy pronunciara, de forma acalorada, estas palabras en un míting en Elche, ya son cuatro las figuras simbólicas que han abandonado el partido (Zaplana, Acebes, San Gil y Ortega Lara). Y cuarenta los dirigentes que, de una forma u otra, han criticado el presunto ‘nuevo rumbo’ que está tomando Rajoy como respuesta a la derrota electoral, materializado en un par de tímidas referencias a la recuperación de ese ‘viaje al centro’ que parece que nunca acabará y a la ‘nominación’ de Gallardón como uno de los candidatos a secretario general del partido.

Desde un punto de vista analítico, es interesante comprobar como esta serie de disidencias no suponen más que un cambio en el modo de canalizar la crítica interna dentro del Partido Popular. De acuerdo a la tríada conceptual sugerida por Hirscham, los miembros de toda organización pueden mostrar su descontento con su funcionamiento actual o alguna de las decisiones de sus líderes a través de tres mecanismos: la “voz” (interna, si no trasciende a los medios de comunicación; externa, si se realiza de forma pública), la “salida” (abandonar el partido) o la “lealtad” (abstenerse de realizar la crítica). La decisión por una u otra vía dependería, a priori, de la estructura de incentivos derivada de la pertenencia a la organización y de cada opción concreta.

En el caso del Partido Popular, la lealtad ha sido la nota predominante durante los últimos 20 años, por varios motivos: los enormes beneficios de pertenecer a un partido ‘grande’ (y con muchos cargos a repartir entre sus miembros), la amplitud de sus principios definitorios (el PP abarca la mayor parte del espectro ideológico a la derecha del PSOE), los enormes costes derivados de la crítica a un partido fuertemente jerarquizado (véase el caso de Piqué, por ejemplo), etc. Sin embargo, esta estructura de incentivos, después de las sucesivas derrotas electorales de Rajoy, ha cambiado, especialmente por el lado de los costes: la pérdida – aunque leve – del liderazgo interno de Rajoy ha propiciado la aparición de nuevos centros de poder en el partido a nivel regional (Madrid, por ejemplo); y la creación de un nuevo partido bastante dispuesto a acoger a los disidentes, así como el desarrollo de nuevas redes de comunicación (y la realineación de ‘viejas redes’) dispuestas a dar apoyo a los heterodoxos han contribuido también a hacer más fácil la crítica.

La resolución de esta crisis es, a estas alturas, prácticamente impredecible. Tal y como comenté hace ya unas semanas, es muy difícil aventurarse a interpretar los hechos de estos días desde el conocimiento parcial que puede tener un observador externo, de forma que lo único que podemos hacer es limitarnos a leer entre líneas lo que los líderes del Partido Popular pueden estar filtrando a la prensa. Hoy precisamente la edición digital de El País abre con la noticia de que Juan Costa podría presentarse como candidato alternativo a Rajoy, para lo cual el propio Presidente del partido podría cederle algunos de sus avales, con el propósito de mejorar la democracia interna y, por ende, también la legitimidad de Rajoy (más que probable ganador).

Sin embargo, la democracia interna no es la panacea que pueda solucionar todos los problemas del Partido Popular. Ni, por lo general, de ningún partido. Por una razón muy simple: es cierto que la democracia crea demócratas, pero es aún más cierto que para que la democracia triunfe, debe existir previamente un sentimiento de democraticidad, en el sentido “przeworkiano” del término (“la democracia es un sistema político en que el gobierno pierde las elecciones”). A nivel interno, el razonamiento es el mismo: para que triunfe la democracia, es importante que sus participantes estén dispuestos a asumir los resultados de la decisión del partido, sea cual sea. Que no se me malinterprete: no estoy dudando del sentimiento democrático del Partido Popular. No. Simplemente tengo mis reservas sobre que determinados sectores del partido estén dispuestos a asumir que Rajoy pueda ganar limpiamente la batalla interna, sin volver a buscar pelea durante los próximos cuatro años.

Concluyo con las cuatro claves centrales que, en mi opinión, subyacen y explican todo este conflicto, y que el tiempo parece estar demostrando como ciertas: los líderes fácticos del partido (al menos, los que cuentan con el apoyo de la ‘brunete’ mediática) sólo se presentarán si saben que ganarán la batalla; la estructura del partido es un factor a favor de Rajoy, y la explotará a conciencia; los medios de comunicación conservadores actuaran como espoleadores de la guerra interna; las nuevas tecnologías jugarán un papel clave en la renovación (SMS, redes sociales, blogs…).

Veremos cómo se desarrolla este conflicto en que, casi cada día, se producen novedades. Para un observador externo, sin duda, el tema resulta poco menos que entretenido. Sin embargo, me preocupan las consecuencias que pueda tener esta crisis en la propia democracia española, y en la ausencia de una necesaria labor de oposición al gobierno, especialmente en un momento de adversidad económica como el que estamos viviendo.

Más | Tres análisis muy acertados sobre la situación actual del PP, en Materias Grises, Sí, Ministro y en Debate Callejero (con la firma de Ignacio Sánchez-Cuenca)

Seguir leyendo » · Escrito el: 23-May-2008 · · 6 comentarios »

El apoyo electoral de los alcaldes corruptos

Una de las mayores paradojas de las democracias actuales radica en que, justo en este momento, en que los ciudadanos gozan de un mejor acceso a la información política (tanto por el incremento del nivel educativo como por la aparición de nuevos medios de comunicación), en que los mecanismos institucionales son cada vez más eficaces y eficientes en el ejercicio del control político, y en que la opinión pública y el mundo académico condenan de forma unánime la mala praxis política; justamente en este momento, y desde hace unos treinta años, es cuando se destapan con mayor frecuencia casos de corrupción.

Y no únicamente en países en vías de desarrollo (a todos nos vienen a la mente nombres como Suharto, Mobuto Sese Seko, Abacha…), sino también en democracias avanzadas, como los mismísimos Estados Unidos (varios ejemplos serían el escándalo Watergate, el escándalo de los cheques sin fondos del House Bank o, más recientemente, los casos de Wolfowitz en el Banco Mundial o el caso ‘Plame’). España tampoco se salva de aparecer en la lista, y si a principios de los 90 fue el gobierno socialista el gran protagonista de los escándalos de corrupción, en la actualidad son los municipios los que están en el punto de mira. Ya sea por un mayor activismo judicial, por la imposición de un modelo de urbanismo salvaje, por la ausencia de mecanismos eficaces de control o porque realmente los representantes del pueblo son ahora más corruptos que antes, la cuestión es que, día sí y día también, los diarios aparecen repletos de noticias en los que abundan términos como ‘malversación‘, ‘cohecho‘, ‘extorsión‘, ‘tráfico de influencias‘…

Hay varias cuestiones previas que sería necesario considerar para poder tener una visión global del fenómeno de la corrupción municipal, como la propia definición de corrupción política, sus causas, síntomas y consecuencias, o incluso el funcionamiento de la opinión pública ante este tipo de escándalos, pero en esta ocasión me gustaría ir un paso más allá para formular una pregunta que, en mi opinión, debería ser central: ¿por qué los ciudadanos no castigan en las urnas a los políticos corruptos? Según estimaciones del profesor Manuel Villoria, “de 133 alcaldes acusados de corrupción en las pasadas elecciones [municipales] fueron reelegidos en las urnas un 70 por ciento de los casos“. Independientemente de la exactitud de esta afirmación, que seguramente infravalora el efecto real de los escándalos de corrupción en términos electorales; como ciudadanos, nos deberíamos preguntar: ¿cómo es posible que el precio a pagar en las urnas por la corrupción sea tan reducido o, incluso, en algunos casos, inexistente?

Tres han sido las principales hipótesis que, desde el ámbito de la Ciencia Política, han sido utilizadas tradicionalmente como explicaciones de esta ausencia de castigo electoral, por autores como Rundquist et al (1977) o Peters y Welch (1980). La primera de ellas sería la del ‘votante ignorante’: el ciudadano no toma en consideración el escándalo a la hora de decidir su voto porque lo desconoce (ya sea porque no tiene acceso a información política o porque el caso en sí no se ha hecho público) o porque, aunque tenga conocimiento de él, la persona o colectivo que lo ha destapado no goza de suficiente credibilidad como para ‘convencerle’ (algo que está fuertemente relacionado con la idea de que la divulgación de escándalos es frecuentemente utilizada más como arma de lucha partidaria que como método de mejora de la democracia). Un ejemplo casi de libro en este sentido sería el caso de Sisante (Cuenca). El pasado 17 de mayo de 2007 (a tan solo 10 días de las elecciones), los informativos de Cuatro abrían con un vídeo grabado con cámara oculta en febrero de 2006 (por tanto, más de un año antes), en que el hermano de la alcaldesa del municipio (del Partido Popular) negocia con unos empresarios locales la adjudicación de unos terrenos. Ante las preguntas de los periodistas, los habitantes del municipio responden: “¿qué alcalde de qué ayuntamiento no se lleva dinero?” “¡Rumores hay siempre, y siempre habrá!“. En las urnas, semana y media después, el PP perdería las elecciones, pero con más de un 40% de los votos. Sobran las palabras.

Una segunda explicación se apoya en el clientelismo para argumentar que los ciudadanos mantienen el sentido de su voto, pese a los escándalos, porque obtienen algún tipo de beneficio material directo a cambio. Hay muchos tipos de clientelismos y, como ocurre con el término de ‘corrupción’, es difícil acotar sus límites conceptuales, especialmente cuando nos referimos a municipios de un tamaño relativamente amplio, y cuando el beneficio derivado de este intercambio no es ni directo ni material. Sin embargo, en la geografía española aún podemos encontrar fácilmente claros ejemplos en este sentido. En julio de 1999, por ejemplo, El Mundo destapaba uno de los mayores fraudes electorales de los últimos años: el alcalde de Carboneras, Cristobal Fernández (PSOE), prácticamente ‘compró’ las elecciones de 1999, movilizando de formas muy poco ortodoxas el voto por correo y haciendo suyo el lema de ‘un voto, un empleo’.

Los trabajadores municipales, sobre todo los eventuales, fueron otro gran filón para el alcalde y sus secuaces: los que acababan de ser contratados, para agradecer así el favor; y los aspirantes, como mérito para conseguir un puesto de trabajo.

Manuel Hernández tiene veintipocos años y pertenece al primer grupo. Desde la pasada primavera es peón municipal, motivo suficiente, a juicio de Cristóbal Fernández, para votar al PSOE. En esta ocasión fue un primo suyo, también premiado por el alcalde con un empleo en el Ayuntamiento, el emisario que debía convencerle de que votara por correo.

Cuando el primo se presentó en su domicilio sólo encontró allí a la madre de Manuel, así que, ni corto ni perezoso, se llevó a la mujer a la oficina de Correos provista de su DNI y del de su hijo. Y como el aspirante a votar por correo, además de presentar su documento de identidad, debe firmar personalmente la solicitud, el gregario del alcalde falsificó la firma del joven peón. «Cuando mi madre me lo dijo me enfadé muchísimo con mi primo», asegura éste, «pero para no disgustarme con la familia no le dije nada y al final voté al PSOE».

La última de las hipótesis, derivada de la anterior, pero dentro del ámbito de la legalidad, hace referencia a un ‘intercambio ímplicito’ entre votantes y representantes: a la hora de tomar una decisión, los ciudadanos ponderan una serie de preferencias en varios ejes conceptuales, en los cuales la corrupción/honradez de los políticos es únicamente una cuestión más a tener en cuenta. Así, otros elementos como la identificación partidista o ideológica, la posición de los candidatos en diferentes issues o la situación económica, son también considerados. En esta hipótesis se apoyan autores como Caínzos y Jiménez (2000) o Barreiro y Sánchez-Cuenca (2000) para justificar la ‘dulce derrota’ del PSOE en 1996, pese a los graves escándalos de corrupción destapados en los años anteriores: los votantes tuvieron en cuenta no únicamente este elemento, sino también la fidelidad a las ideas socialistas, el premio a los logros sociales obtenidos durante el gobierno de González y el temor a un ascenso de la derecha al poder (y el posible retroceso en el Estado del Bienestar que ello podría comportar), a la hora de ejercer su voto.

Son estas tres hipótesis, sin duda, explicaciones de peso que nos pueden ayudar a entender la (casi) ausencia de castigo electoral derivado de los escándalos por corrupción. Sin embargo, es obvio que no abarcan la totalidad de la cuestión, dejando grandes lagunas que merecen ser objeto de discusión, tanto a nivel normativo como empírico. La escasez de encuestas disponibles sobre esta cuestión dificultan su análisis en el caso español. Y una pregunta con la que quiero concluir, y que resulta aún más preocupante que la relativa a esta aparente indiferencia del votante español, es la que planea sobre todo este debate: ¿qué podemos hacer para solucionarlo?

Seguir leyendo » · Escrito el: 21-May-2008 · · 3 comentarios »

Una reforma (casi) imposible

Después de un par de semanas de descanso, recuperamos el pulso de la actualidad en un día en que varias portadas de diario (ABC [I y II] y Público, por ejemplo) se hacen eco de la presentación, por parte de Izquierda Unida, de su propuesta para la reforma de la ley electoral. De hecho, este último diario dedica un excelente artículo al tema (pdf, 11Mb.), en el que analizan la proporcionalidad del sistema electoral a nivel nacional y autonómico, con la participación de varios politólogos de primera fila.

La propuesta de IU, en concreto, se basa en cuatro puntos: aumento del número total de escaños a 400, reducir a un escaño el mínimo por provincia, crear una ‘bolsa estatal de restos’ y sustituir la fórmula electoral D’Hondt por la Saint-Laguë. Se trata de una modificación que no implicaría reformar la Constitución, lo cual le suma puntos en detrimento de otras propuestas más ambiciosas, como la de la Universidad de Granada, a la que David Martos hacía referencia hace unos días. Sin embargo, esto no es garantía de éxito. De hecho, lo más probable es que si la ley electoral se modifica, sea únicamente en aspectos relativamente menores, como el voto de los emigrantes y residentes temporales en el extranjero, la introducción de las nuevas tecnologías, la prohibición de la difusión de encuestas en la última semana de la campaña o la financiación de las campañas.

Aunque hoy en día el conocimiento que podemos tener sobre los sistemas electorales y sus efectos es bastante amplio, la incertidumbre siempre está presente. Y tampoco podemos olvidar que una reforma como ésta no es un juego de suma cero: siempre hay perdedores y ganadores. En el caso de las reformas que proponen IU y otros partidos minoritarios, los dos principales partidos verían mermado su poder político, viéndose obligados a buscar el pacto con estas fuerzas de manera más frecuente. Una reforma que quizás podría generar consenso entre PP y PSOE, como sería la concesión de un ‘plus’ de 20 escaños (por poner una cifra) al partido con mayor número de votos (aunque, a priori, beneficiaría a los socialistas, la expectativa futura de obtenerlo seguramente también contentaría a los populares), no sería seguramente aceptada por los partidos minoritarios (su cuota de poder se reduciría drásticamente, puesto que el primer partido, en la mayor parte de los casos, gozaría de mayoría absoluta). Sólo encontrando un equilibrio entre estos dos extremos sería posible un consenso. Aún es pronto para extraer conclusiones, pero el panorama política hace suponer que esto no será posible.

Aún así, vale la pena analizar con detalle la propuesta presentada por Izquierda Unida. Un par de detalles me han llamado la atención. El primero de ellos es la constante referencia que hacen a la supuesta injusticia de la ley electoral actual, de lo que se deduce que su criterio de justicia es equivalente al principio de proporcionalidad entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños. Sin embargo, ésta no es la única idea de justicia existente. Justo es también, por ejemplo, que la voluntad de una amplia mayoría de españoles se cumpla sin que unas minorías parlamentarias tengan un poder de veto por encima de su representatividad real. Justo es también que la opinión de las minorías sea respetada, y que tengan un cierto papel en las decisiones que conciernen a todos.

El sistema electoral español, pese a sus defectos, ha cumplido su papel de forma bastante aceptable, en lo que respecta a la defensa de estos dos principios de justicia. Hasta la actualidad, y desde mi punto de vista, la estabilidad gubernamental y la defensa de los derechos de los territorios y las minorías políticas se han combinado de una forma razonablemente adecuada. El sistema ha permitido que, en elecciones en que había un deseo mayoritario de cambio, el cambio se haya producido (1982, 1996, 2004); que, en elecciones en que se deseaba castigar al gobierno, desde la derecha (1982) o la izquierda (1989-1993-1996), el castigo haya tenido lugar; y que, en elecciones en que las voces nacionalistas querían tener presencia en el Parlamento (1986 o 2004), la hayan tenido.

Un segundo elemento al que me gustaría hacer referencia es la falta de alusiones al sesgo conservador de nuestra ley electoral. Se comenta mucho que algunos territorios salen más beneficiados que otros y que los partidos minoritarios quedan infrarrepresentados. Sin embargo, poco o nada se habla de cómo ha beneficiado de forma sistemática a los partidos de derecha, especialmente a UCD y, posteriormente, también al Partido Popular. Ya hace un tiempo hacíamos referencia a este tema, a partir de datos numéricos. Tratemos ahora de verlo de forma un poco más gráfica: en el siguiente diagrama se representa el ratio de votos por escaños (es decir, el número de votos que, de media, ha necesitado para conseguir cada escaños; o, lo que es lo mismo, el total de votos dividido entre el total de escaños) de los dos principales partidos desde 1982.

Ratio de votos por escaño de PP y PSOE

Fuente: datos del Ministerio del Interior

Como comprobamos, la ley electoral favorece de forma sistemática al partido con mayor número de votos. Sin embargo (y aquí es donde aparece el sesgo conservador), debido a la distribución espacial de los votantes por provincias (porcentualmente, hay más votantes del PP en zonas rurales, y más del PSOE en las zonas urbanas, a excepción del sur de España) y al prorrateo electoral (es decir, la asignación del número de escaños por provincia, que sobrerrepresenta los territorios rurales), este beneficio derivado de ser el primer partido es superior cuando los populares ocupan dicha posición. En los últimos años, este sesgo ha ido perdiendo importancia, debido a cambios en las preferencias políticas de los ciudadanos (la división campo-ciudad, en términos políticos, se ha ido difuminando), pero la norma que lo permite sigue vigente.

Veremos cómo evoluciona el debate público sobre esta posible reforma del sistema aunque, como comentaba anteriormente, en mi opinión, lo más probable es que, como en 2006, la propuesta de Izquierda Unida acabe cayendo en el olvido. Y vosotros, ¿cómo lo veis? Os animo a que aportéis vuestro punto de vista en la encuesta en la barra derecha y en los comentarios.

Seguir leyendo » · Escrito el: 12-May-2008 · · 18 comentarios »