El Senado español y sus paradojas

Pese a los esfuerzos del Gobierno de Zapatero para revitalizarlo, lo cierto es que el Senado sigue siendo una de las instituciones más desconocidas por el ciudadano medio. Concebida en su origen con el propósito de convertirla en una cámara de representación territorial, al estilo del Bundesrat alemán, ya desde su configuración legal en la Constitución parecía condenada al olvido. Debido a sus limitadas competencias legislativas (que la degradan al nivel de mera “cámara de corrección gramatical”), a su complejo sistema electoral (que la mayoría de votantes no entienden) y al progresivo abandono que ha sufrido por parte de los partidos políticos (relegándolo al papel de “cementerio de elefantes políticos”), el Senado de nuestro país ha perdido todo protagonismo en la vida política, a la espera de una reforma que nunca acaba de llegar.

Sin embargo, en clave electoral, hay varios elementos relacionados con el Senado que, aunque sea a nivel puramente anecdótico, me parecen interesantes. El primero de ellos es el referente a los resultados de los comicios de 2008 en los que, como en 2004, se dio la paradoja de que el partido más votado no se convirtió en el partido con más senadores. Como vemos en la tabla bajo estas líneas, el PP fue el partido que mayor número de senadores obtuvo (101), pese a tener menos votos que la suma de PSOE y ENTESA (coalición PSC-ERC-ICV en Catalunya)[1]. Si contabilizamos además los senadores designados por las Comunidades Autónomas, la ventaja del PP sobre el PSOE aumenta aún más, hasta los 8 senadores[2].

Tabla 1: Resultados elecciones 2008 al Senado

Fuente: datos del Ministerio del Interior y del Senado, en www.senado.es

La segunda paradoja es que, como vemos, los partidos nacionalistas y regionalistas tienen una menor representación en el Senado que en el Congreso, pese a ser ésta primera la “cámara territorial”. Así, es curioso comprobar cómo también en este caso se repiten los dos sesgos a que hacíamos referencia al hablar sobre el sistema electoral para elegir el Congreso de los Diputados: el sesgo mayoritario (los dos partidos grandes obtienen un mayor porcentaje de senadores que de votos) y el sesgo conservador (debido al “peculiar” prorrateo electoral y a la distribución geográfica de los votantes de cada partido, el PP – antes UCD – sale muy beneficiado en el reparto de los escaños).

Y una tercera paradoja es la relativa al número de candidatos que los partidos deciden presentar en cada circunscripción. La ley electoral permite presentar, en principio, tantos candidatos como escaños a ocupar (en las circunscripciones peninsulares, cuatro), para que los votantes luego decidan (votando un máximo de 3 nombres) cuáles prefieren. En la práctica, sin embargo, la mayoría de partidos optan por presentar únicamente tantos candidatos como votos tienen los ciudadanos (es decir, 3), para evitar la dispersión de los votos entre los miembros de la lista.

Pero, ¿es ésta una decisión racional? Lo cierto es que no siempre: cuando el partido más votado en una circunscripción supera por un amplio margen de votos a su contrincante, un uso “estratégico” de la posibilidad de presentar hasta 4 candidatos podría ser especialmente beneficioso. Vamos a verlo con un ejemplo algo extremo, pero real: los resultados de las elecciones al Senado por la provincia de Barcelona en las pasadas elecciones.

Tabla 2: Resultados elecciones 2008 al Senado (Barcelona)

Fuente: datos del Ministerio del Interior (en cursiva los senadores electos).

Como se puede apreciar en la tabla 2, la coalición Entesa Catalana de Progrés (formada por PSC, ERC e ICV) obtuvo 3 de los 4 senadores, con un total de votos que duplicaba de sobra el apoyo electoral del segundo partido, CiU, que obtuvo el otro senador. Imaginemos ahora por un momento que la coalición hubiera decidido presentar un nombre más (uno conocido, como por ejemplo el de la diputada Lourdes Muñoz). Y pongamos por caso que los votantes, por una afortunada casualidad o por una súbita claridad mental (como la que ocurre en el “Ensayo sobre la lucidez” de Saramago), redistribuyen sus votos a partes iguales entre los cuatro candidatos, tal y como se refleja en la tabla 3. En síntesis, lo que ocurriría sería que los votantes de la Entesa (1.360.000, aprox.) se dividirían en 4 partes iguales (de 340.000 votantes), con un perfil de preferencias diferentes. Por ejemplo, el votante “tipo II” votaría por Arqué, Guillot y Muñoz.

Tabla 3: Resultados elecciones hipotéticas al Senado (Barcelona)

En consecuencia, en estas “condiciones óptimas”, la Entesa conseguiría los 4 senadores de la circunscripción (la quinta candidata más votada sería Candini, con poco más de 600.000 sufragios). Y la cuestión es que, lejos de tratarse de un caso aislado, un rápido vistazo a los resultados en el resto de provincias catalanas (tabla 4) arroja una curiosa conclusión: si la coalición hubiera jugado bien sus cartas, y los electores se hubieran coordinado adecuadamente, la Entesa Catalana de Progrés hubiera podido obtener todos los senadores catalanes.

Tabla 4: Resultados elecciones 2008 al Senado

Está claro que es más fácil verlo una vez pasadas las elecciones que antes de ellas, cuando existe un claro riesgo de que la jugada salga mal y se acaben perdiendo 2 de los 3 senadores. Pero en aquellas provincias en que un partido obtiene una abultada mayoría (Murcia, Sevilla, Ávila, Salamanca, Huelva, Jaén, Segovia…), no sé hasta qué punto sería descabellada la idea de presentar como ‘número 4′ de la lista a una persona relativamente conocida por el público, que fuera capaz de atraer votos (y a ser posible, con un apellido que empiece por una letra “de las últimas”), para intentar maximizar el número de senadores de cada partido.

En fin, ésta no deja ser una de tantas otras curiosidades relacionadas con esta segunda cámara política en nuestro país, de la que tan poco se suele hablar. Para quien le interese el tema, Alberto Penadés e Ignacio Urquizu han publicado al respecto varios artículos y monografías muy interesantes, que han servido de inspiración para esta entrada.

[1] Tomo como referencia los votos al Congreso de PP y la suma de PSOE, ERC e ICV. Es evidente que estas cifras son diferentes de las de votos al Senado, pero los estudios sobre este tema han demostrado que la amplia mayoría de los ciudadanos suele votar lo mismo en ambas papeletas. En cualquier caso, independientemente de las cantidades exactas, es más que evidente que el PP obtuvo menos votos pero más senadores que el PSOE + Entesa.
[2] PP = 101 senadores de elección directa + 24 de designación autonómica (se incluye un independiente de UPN). PSOE = 86 senadores de elección directa (PSOE) + 10 senadores de elección directa (dentro de la Entesa) + 2 senadores independientes de elección directa + 19 senadores de designación autonómica (se incluye un independiente del PSM). En total, PP = 125; PSOE = 117.

Seguir leyendo » · Escrito el: 17-July-2008 · · 3 comentarios »

Ganar en las urnas y (aún más) en las encuestas

Retomando el análisis de la Encuesta Post-Electoral del CIS, hay una cuestión sobre la que me gustaría reflexionar. Es ya bien conocida la sobreestimación que estas encuestas vienen realizando del porcentaje de votos del partido ganador y del la proporción de ciudadanos que votaron, pero en este caso concreto las diferencias son las más altas en mucho tiempo: en porcentaje sobre el censo, otorga al PSOE un 40% (el real fue del 32%), al PP un 24% (el real fue del 29%) y al abstencionismo 13% (el real fue el 26%).

Esto nos obliga a plantearnos dos cuestiones ineludibles: ¿por qué tanta diferencia? y ¿afectan estas sobreestimaciones a las conclusiones que podamos extraer de estos datos? En esta entrada intentaré lanzar algunas hipótesis sobre este tema, apoyándome en un par de artículos, bastante interesantes, referidos al caso norteamericano: “Sure, I voted for the winner!“, de L. Rae (1999), sobre la sobreestimación del voto al nominado en las primarias en las encuestas postelectorales del ANES; y “Winning at the polls and in the polls” (cuyo título he tomado “prestado”), de F. Mattei (1998), sobre la sobrerrepresentación de la ventaja de los congresistas “incumbents” en estas mismas encuestas.

En primer lugar, y antes de comenzar a formular posibles hipótesis, vamos a comparar los datos de las encuestas post-electorales del CIS con los resultados reales (en ambos casos, sobre el total de la muestra/censo). Como podemos comprobar en la tabla, con la única excepción de 1996, las encuestas tienden a sobreestimar el porcentaje de votantes del partido ganador en las elecciones y a infrarrepresentar el porcentaje de votantes del perdedor. En términos de participación electoral, la diferencia entre los datos de la encuesta y los datos reales arrojan una diferencia relativamente estable, alrededor de los 10-12 puntos.


Fuente de los datos: Encuestas Post-Electorales del CIS 1989-2008 (datos de la encuesta sobre el total de la muestra) y Ministerio del Interior (porcentajes sobre el total del censo).

Se trata, por tanto, de diferencias que en prácticamente todos los casos superan el margen de error de la encuesta y que, en consecuencia, podrían restar valor a las conclusiones que podamos extraer de su análisis. Ahora bien, ¿por qué tanta diferencia? Sin conocer a fondo el funcionamiento interno de estas encuestas, y de modo puramente especulativo, se me ocurren seis posibles hipótesis, muchas de ellas interrelacionadas:

1. Hipótesis de un mal diseño del cuestionario: elementos tan aparentemente insignificantes como el tipo de pregunta (abierta, cerrada…), su enunciado concreto o su posición en el cuestionario podrían tener un gran impacto sobre la tasa de respuesta o si ésta es coherente con la realidad.

2. Hipótesis de la falta de cobertura: como consecuencia de un mal diseño de la muestra, es posible que determinados grupos de población quedaran infrarrepresentados en ella.

3. Hipótesis de la “espiral de silencio: es posible que los votantes del partido perdedor tengan una menor inclinación a mostrar el verdadero sentido de su voto debido a que el resultado de las elecciones no concuerda con sus preferencias. Siguiendo más estrictamente los argumentos de Noelle-Neuman, en estos casos la opinión mayoritaria de los ciudadanos adquiere una posición hegemónica en el debate público, resultando casi imposible escapar de ella para mostrar una visión contraria.

4. Hipótesis del “votante no sofisticado”: es frecuente que muchos ciudadanos, como resultado de su reducido interés por la política, retengan poca información sobre las elecciones en su memoria. Si la encuesta, como es el caso de las del CIS, se realiza varias semanas después del día de los comicios, muchos de ellos “no recuerdan” a quién votaron o ni siquiera si fueron a votar.

Como resultado, su respuesta no se basa en el “recuerdo de voto”, sino en una reconstrucción de los factores que tuvo en cuenta a la hora de votar (sería algo muy cercano, en definitiva, a su “intención de voto” en el momento de la encuesta). Dado que la percepción de estos factores cambia a lo largo del tiempo, y que después de las elecciones suele tener lugar un crecimiento en popularidad del ganador (efecto “bandwagon”), en detrimento del partido perdedor (que en este caso ha coincidido además con una crisis interna), la consecuencia de todo ello es que los encuestados podrían afirmar haber votado al PSOE cuando en realidad votaron al PP o se abstuvieron.

5. Hipótesis de la menor tasa de respuesta entre los perdedores: otra posibilidad a considerar es que la muestra infrarrepresente a los votantes del partido perdedor por la simple razón de que éstos evitarán responder una encuesta sobre cuestiones electorales, como resultado de su “decepción” con el contexto político resultante de los comicios. Lo mismo ocurriría en el caso de los abstencionistas que, por tener un menor interés por la política, también estarán menos dispuestos a responder a un cuestionario de este tipo.

6. Hipótesis del “efecto Hawthorne: uno de los problemas derivados de las encuestas tipo panel (como parece ser la encuesta post-electoral de 2008) es que los encuestados podrían tener un incentivo adicional para informarse más sobre política o para participar, a sabiendas que posteriormente serán preguntados sobre su comportamiento.

Cada una de estas hipótesis tiene diferentes implicaciones y diferentes grados de verosimilitud para el caso español, que no comentaré con más profundidad para no alargar en exceso esta entrada. En todo caso, ¿cuál de ellas podría explicar mejor las diferencias entre los datos de la encuesta y los resultados reales? Habría que contrastarlo empíricamente (seguramente no sería demasiado complejo), pero a priori la tercera y cuarta hipótesis son las que parecen tener mayor relevancia para explicar lo relativo al partido ganador y perdedor, mientras que la segunda y quinta se ajustarían más a la infrarrepresentación de los abstencionistas.

Por último, una pregunta obligada es: ¿podemos dar por buenas las conclusiones a las que lleguemos mediante la utilización de esta encuesta? Desde mi poca experiencia en el manejo de modelos estadísticos, mi opinión es que depende de muchos factores. Por ejemplo, de si este “desajuste” entre realidad y encuesta se distribuye uniformemente entre los diferentes grupos sociales o, por el contrario, se concentra en alguno de ellos. Me explico: si los votantes “reales” del PP que respondieron en la encuesta que votaron al PSOE son precisamente aquellos más sensibles a los factores coyunturales y menos “anclados” al voto de un partido concreto y, por tanto, los que varían su voto de una elección a otra, es evidente que el hecho de “clasificarlos” mal dificulta nuestro entendimiento sobre por qué votaron en realidad al PP. De igual manera, si los abstencionistas incluidos en la muestra no son representativos del total de abstencionistas “reales”, resulta arriesgado hacer inferencias sobre, por ejemplo, qué características sociodemográficas favorecen la abstención.

Esto no quiere decir, para concluir, que debamos desechar directamente la posibilidad de utilizar este tipo de fuentes de datos. Desafortunadamente, un problema muy común en las ciencias sociales es esta “sombra de duda” que pende sobre la mayoría de estudios que, por definición, no pueden ser experimentales. Estos márgenes de error, sin embargo, no son tan importantes cuando una investigación se sustenta en un buen esquema teórico, cuando la metodología a seguir es rigurosa y objetiva, y cuando las hipótesis están bien planteadas. Aún así, creo que es importante reflexionar sobre la calidad de los datos de que disponemos antes de ponernos a trabajar más a fondo con ellos.

Seguir leyendo » · Escrito el: 15-July-2008 · · 2 comentarios »

Corrupción y economía

Cuando escuchamos la palabra “corrupción”, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de líderes políticos (presidentes, ministros, alcaldes, concejales, secretarios generales…) que se aprovechan de los privilegios derivados de su cargo para enriquecerse a nivel personal, otorgar favores a familiares y amigos, debilitar a sus contricantes electorales, etc. Sin embargo, un estudio más detallado de esta patología – la corrupción política – nos indica que, pese a ser la que mayor repercusión mediática suele tener, no es ni de lejos la más frecuente en la mayoría de los sistemas políticos.

Y es que, en muchos países del mundo, lo más habitual a la hora de tratar con la administración pública es verse obligado a sobornar a los funcionarios (corrupción administrativa) para realizar cualquier tipo de trámite. De igual manera que también es relativamente frecuente, en el ámbito empresarial de algunos países, que la colusión entre compañías o la difusión selectiva de información privilegiada (corrupción empresarial) llegue a tal punto que sea imposible garantizar la libertad de mercado. Incluso la evasión fiscal, cuando se convierte en un elemento estructural del sistema político, puede llegar a ser considerada también un determinado tipo de corrupción (por así llamarla, la corrupción “ciudadana”). Cuando, desafortunadamente, estos cuatro tipos de corrupción se combinan en un único país, el sistema político sufre severas dificultades para mantenerse a flote, no ya únicamente a nivel político, sino también económico.

Sin embargo, pese a que este efecto negativo de la corrupción sobre la economía parece intuitivo y trivial, en la literatura sobre la cuestión han existido muchas voces discordantes con esta hipótesis. Se ha argumentado, por ejemplo, que la corrupción era la respuesta, desde el punto de vista de la teoría de la elección racional, a incongruencias entre las decisiones del gobierno y las presiones provenientes del mercado. Por así decirlo, la corrupción “engrasaría el mecanismo” de la toma de decisiones, aumentando su eficiencia desde un punto de vista estrictamente económico. Por ejemplo, el hecho de conseguir ilegalmente una licencia de obra para construir una refinería de petróleo en un terreno protegido podría aumentar el crecimiento en la zona. Otra hipótesis que se ha apuntado para “justificar” la necesidad de la corrupción es la relacionada con los sobornos a los funcionarios: como éstos realizarán de forma más rápida los trámites para los que han recibido una mayor suma de dinero, se ahorrará el tiempo de aquellas personas cuyo tiempo tiene un valor superior (porque serán las que mayor poder adquisitivo tendrán). Incluso se ha llegado a afirmar que la existencia de una fuente de ingresos “no oficial” para los funcionarios públicos puede ser beneficiosa, porque permite fijar salarios más bajos, de forma que el gobierno puede destinar estos recursos a otros usos “más productivos”. Por último, en el caso español, como ya comenté, tras las elecciones de 2007, un argumento recurrente en los ciudadanos que seguían apoyando a alcaldes corruptos era que “había mejorado mucho el pueblo en los últimos años”, “que había atraído la inversión de grandes empresas, generando así más puestos de trabajo” o incluso que “gracias a las prácticas corruptas, ahora tenemos un campo de fútbol en el pueblo”.

Estas hipótesis, que claramente tienen un propósito político detrás (justificar la corrupción), pueden ser fácilmente rebatidas de manera también teórica. Sin embargo, es igualmente interesante comprobar cómo la propia realidad económica de los diferentes países contradice estas ideas. Vamos a verlo con un par de ejemplos. En los siguientes gráficos de dispersión se muestra la correlación existente entre el nivel de corrupción en cada país (medido a través del Índice de Percepción de la Corrupción 2007, elaborado por la organización Transparencia Internacional) y dos variables de tipo socioeconómico: el logaritmo del PIB per càpita en 2007; y el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en 2007 (que mide el bienestar a través de tres variables relativas a la educación, la esperanza de vida y la riqueza).

GRÁFICOS 1 y 2: log. de PIB per càpita 2007 (Y1) y Índice de Desarrollo Humano 2007 (Y2) según Índice de Percepción de la Corrupción 2007 (X)

Fuente de los datos: Fondo Monetario Internacional (PIBpc); Human Development Report 2007/08, UNPD (IDH); y Transparencia Internacional (IPC). *Escala del IPC: 0 (máxima corrupción) – 10 (mínima de corrupción).

Como ya se intuye en los gráficos, la correlación en ambos casos es muy fuerte y significativa: los países con mayor índice de corrupción tienen un menor PIB per cápita y un menor nivel de bienestar; en los países con menos corrupción existe un nivel más elevado de riqueza y bienestar. Y aunque alguno de estos indicadores (especialmente el relativo a la corrupción) presenta algunas deficiencias metodológicas, podemos otorgar una relativa fiabilidad a estos resultados.

Ahora bien, ¿podemos concluir de estos datos que es la corrupción lo que dificulta que estos países mejoren sus niveles de riqueza y bienestar? Es decir, ¿la corrupción causa pobreza o es la pobreza lo que facilita la corrupción? Es difícil responder a esta pregunta, aunque la respuesta más probable es que la relación sea recíproca. Por un lado, es cierto que prácticas como las que mencionaba en la introducción a esta entrada reducen las posibilidad de crecimiento económico de una sociedad. Por poner un par de ejemplos, la malversación de caudales públicos o la evasión fiscal pueden limitar los recursos que se destinan a gasto en infraestructuras. Sin embargo, por otra parte, también es verdad que en países que previamente ya eran pobres es más fácil que afloren este tipo de prácticas, dado que el Estado carece de suficientes medios como para luchar contra ellas de manera efectiva. En este sentido, es posible que incluso ambas variables estén influidas por una tercera, externa a ellas pero fuertemente relacionada: la calidad del diseño institucional, que puede generar incentivos a la corrupción y que puede determinar de igual manera el grado de riqueza y bienestar de una sociedad.

En cualquier caso, retomando el punto central de mi argumentación, lo que es evidente es que, al contrario de lo que algunos autores han argumentado, la corrupción de ninguna manera puede ser considerada como un mecanismo para impulsar el crecimiento económico. Las prácticas corruptas, tan tristemente frecuentes en nuestro país en el ámbito municipal, deben ser perseguidas y castigadas sin excepción. Y opino que desde los medios de comunicación sería muy importante también hacer un poco de pedagogía sobre las nefastas consecuencias a medio y largo plazo que la corrupción tiene no únicamente sobre la desafección política o la legitimidad de nuestra democracia (que también) sino de igual manera sobre el grado de riqueza o pobreza de nuestros pueblos y ciudades.

Seguir leyendo » · Escrito el: 08-July-2008 · · 8 comentarios »